Un acusado por feminicidio se enfrenta a 32 años de prisión y responsabilidad civil por asesinato y maltrato continuado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real iniciará el 23 de mayo un juicio por jurado que reconstruye los eventos ocurridos entre 2021 y 2023, culminando en el fallecimiento de una mujer tras una escalada de violencia documentada en múltiples registros judiciales.

Los hechos judicializados se remontan a un primer episodio de agresión física ocurrido en diciembre de 2021, cuando el acusado lesionó a la víctima en un establecimiento público. Este incidente marcó el inicio de un patrón de control que se intensificó progresivamente, evidenciado en 33 mensajes digitales y 17 intentos de contacto telefónico registrados durante la última noche de la víctima.

En las primeras horas del 8 de enero de 2023, tras un encuentro en el domicilio compartido, se produjo una agresión con arma blanca que causó la muerte por asfixia traumática. La investigación forense determinó que la herida cervical afectó estructuras vitales en menos de cinco minutos, según consta en los informes médicos presentados al tribunal.

La fiscalía fundamenta su acusación en cuatro pilares principales: en primer lugar, la documentación de episodios previos de violencia física; seguido del rastro digital que evidencia acoso sistemático; en tercer lugar, la naturaleza premeditada del ataque final demostrada mediante análisis de movimientos; y finalmente, las consecuencias psicosociales en los familiares directos, particularmente en un menor bajo tutela institucional.

El tribunal incorpora tecnología de visualización 3D para recrear tanto la secuencia temporal de los hechos como las características del arma homicida. Esta herramienta complementa los 23 testimonios orales programados, incluyendo declaraciones de compañeros de equipo deportivo de la víctima y agentes de la unidad especializada en violencia de género.

Medidas cautelares y reparación

Desde enero de 2023, el acusado permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza, con restricciones de contacto familiar. El auto judicial establece además una indemnización económica global destinada a los herederos, distribuida proporcionalmente según criterios de parentesco y necesidades específicas de protección social.

Próximas etapas procesales

El jurado popular deberá pronunciarse sobre la existencia de agravantes por género y alevosía, así como la relación causal entre los maltratos previos y el desenlace fatal. El veredicto, previsto para finales de junio, determinará la aplicación de penas que podrían superar los 30 años de privación de libertad, además de medidas postpenitenciarias de control judicial prolongado.